Tecamachalco, Pue.- Un maestro de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (Uttecam) fue destituido e inhabilitado temporalmente, luego de que se acreditara administrativamente que solicitó y recibió mil pesos de un estudiante a cambio de que aprobara una materia.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla informó que se trata de Arturo N., quien fue sancionado con una inhabilitación de ocho meses y 12 días para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, además de ser destituido de su puesto.
De acuerdo con la resolución, el docente incurrió en un incumplimiento de los principios de disciplina y respeto que deben regir el desempeño de las personas servidoras públicas.
La dependencia estatal no dio a conocer detalles sobre la materia que impartía el docente, la fecha en que habría solicitado el dinero, la forma en que el estudiante presentó la denuncia ni el procedimiento mediante el cual se acreditó la entrega de los mil pesos.
La sanción contra Arturo N. forma parte de cuatro resoluciones emitidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de las cuales dos derivaron en destituciones e inhabilitaciones, mientras que las otras dos correspondieron a amonestaciones privadas.
Entre estas últimas se encuentra el caso de David Saúl N., adscrito al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, quien recibió una amonestación privada por presentar fuera del plazo establecido su declaración de situación patrimonial y de intereses, en la modalidad de modificación.
Por otra parte, Gerardo N., trabajador de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fue destituido e inhabilitado durante nueve meses y 18 días por incurrir en faltas de respeto hacia otra persona servidora pública durante el desempeño de sus funciones.
La cuarta sanción correspondió a María Fernanda N., de la Secretaría de Movilidad y Transporte, quien recibió una amonestación privada por presentar de manera extemporánea su declaración patrimonial y de intereses correspondiente a la conclusión de su encargo.
Las cuatro personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones, por lo que las determinaciones administrativas aún pueden ser controvertidas ante las instancias correspondientes.

